La legalización del uso recreativo y farmacéutico de la marihuana en numerosos estados no protege a los inmigrantes, que pueden llegar a ser expulsados del país si las autoridades migratorias descubren que han consumido esa droga.

“Técnicamente, la posesión de marihuana es ilegal a nivel federal, por lo que si un inmigrante no ciudadano tiene o consume marihuana puede quedar sujeto a la deportación”, explicó en declaraciones a Efe Violeta Chapin, abogada experta en inmigración y profesora de Derecho en la Universidad de Colorado.

En este sentido, la abogada aseguró que el consumo de cannabis puede tener “efectos devastadores” para los inmigrantes que estén regularizando su situación migratoria y también para los residentes legales que intenten obtener la ciudadanía estadounidense.

Al día de hoy, la marihuana recreativa es legal en ocho estados y en el Distrito de Columbia, la capital de la nación, mientras que su uso medicinal está amparado por las leyes de 28 estados más el distrito capitalino.

Además, otros quince estados han impulsado medidas para despenalizar su uso, paso previo a la legalización a nivel estatal.

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Sin embargo, estas regulaciones estatales permiten únicamente a los nacionales y ciudadanos estadounidenses comprar, consumir e incluso trabajar en el sector de la marihuana.

“Cuando un cliente inmigrante me pregunta sobre esta cuestión, le recomiendo que ni fume ni entre en contacto con el cannabis por el elevado riesgo que supone para su continuidad en el país”, relató Chapin.

Según Morgan Fox, portavoz del Proyecto Político de la Marihuana (MPP), esta medida no es la única solución para aquellos inmigrantes que quieran consumir ese psicotrópico.

No llevar o cultivar más de la cantidad legalmente permitida, no vender fuera del marco regulado y no consumir marihuana en público, son algunos de los consejos que indicó Fox a Efe.

El activista también aseguró que es importante “no transportar cannabis a través de las fronteras estatales y no viajar en posesión de esa droga”.

Las deportaciones por posesión de drogas aumentaron un 43 % entre 2007 y 2012, según el informe más reciente de la organización Human Rights Watch sobre este tema.