Los más de 200,000 salvadoreños con “Estatus de Protección Temporal” (TPS), y activistas que acompañan su lucha, esperan que este lunes, 8 de enero, suceda un milagro y que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, decida extender por 18 meses el programa que desde 2001 les ha permitido vivir y trabajar legalmente en EEUU, sin temor a la deportación.

Nielsen, quien asumió el cargo el pasado 8 de diciembre, afrontará mañana su primera gran prueba de fuego en el minado campo migratorio, cuando emita su decisión sobre el futuro de los salvadoreños amparados al TPS.

Las cifras oficiales indican que 262,528 salvadoreños tienen “TPS”, pero unos 195,000 serían los reinscritos en el programa, debido a que muchos han ajustado su estatus o están a la espera de la resolución de otros trámites.

Entre los escenarios posibles, la secretaria de Seguridad Nacional, puede poner fin al TPS pero dando una demora de 12 o 18 meses como periodo de transición para los afectados. También puede postergar una decisión final hasta dentro de seis meses, como ya lo hizo su antecesor, John Kelly, en el caso de Haití, o la secretaria interina del DHS, Elaine Duke, en el caso de Honduras.

En un encuentro con periodistas el viernes pasado, varios activistas de grupos pro-inmigrantes señalaron que el fin del TPS desataría una crisis regional, además de la separación de familias y malas consecuencias para la economía estadounidense.

“No se ganaría nada con un fin del TPS, sino todo lo contrario, causaría una enorme devastación para esta comunidad, que ha demostrado con creces sus contribuciones… y claramente vemos que El Salvador no está listo para el retorno de estos inmigrantes”, dijo a este diario  Frank Sharry, director ejecutivo de “America´s Voice”, que organizó el encuentro.