Una de las compañías más grande de transporte, Greyhound, ha dicho públicamente que no le gusta que la Patrulla Fronteriza detenga a personas en sus autobuses pero se ha justificado diciendo que no lo puede impedir. Sin embargo, la agencia federal le recuerda a la empresa que sus afirmaciones no son ciertas, según una circular sobre la que publicó Associated Press.

Basándose en la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense, CBP asegura a Greyhound que ningún agente puede subirse a un autobús para interrogar a pasajeros si no tienen una orden judicial o el consentimiento de la empresa.

La filtración de este memorándum pone en entredicho la credibilidad de la compañía de transporte de pasajeros y supone una victoria para la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que ha presionado en repetidas ocasiones a Greyhound para quedejen de permitir las revisiones cuando los autobuses se hayan alejado más de 100 millas de la frontera internacional o de la costa.

Tanto la organización -que defiende los derechos migrantes- como el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, aseguran que dicha práctica discriminatoria se ha intensificado bajo el mandato de Donald Trump y denuncian que intimida a los pasajeros. Han sido videos de detenciones en el interior de los vehículos lo que ha evidenciado la práctica y desatado una oleada de críticas.

Greyhound se enfrenta a una demanda en California precisamente debido a haber facilitado redadas y, por tanto, violar las leyes de protección al consumidor.

Con información de AP & LaOpinion