El pasado martes, Franklin Urrutia-Cordon, de 32 años, fue al juzgado del condado de Northampton en Easton, Pensilvania para una audiencia por una infracción por conducir en estado de ebriedad en el 2017. Inesperadamente a las afueras de la corte, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) lo arrestaron por una presunta violación de inmigración. De inmediato el abogado de Urrutia grabó lo que ocurría y protestó en voz alta por el arresto sin orden judicial.

El guatemalteco fue puesto bajo custodia federal y tanto su abogado como Urrutia desconocen quién alertó a los agentes de Inmigración.

“Literalmente perdí la cabeza”, dijo el abogado de Urrutia, Joshua Fulmer. “El agente se negó a decirme a dónde iba. Nunca he visto que esto suceda “.

El agente llevaba ropa de civil, y un video de la interacción publicado en línea muestra a Fulmer pidiéndole al agente de ICE una orden que no se proporcionó.

Video grabado por: Joshua Fulmer 

A raíz de lo sucedido las autoridades del condado de Northampton, Lamont McClure, Pensilvania emitieron una orden ejecutiva que prohíbe que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas arresten a las personas en la corte o la cárcel del condado a menos que tengan una orden judicial firmada por un juez federal.

No es primera vez

La presencia de agentes de Inmigración (ICE) en los juzgados ha sido un tema polémico a nivel nacional durante la administración de Donald Trump, y los tribunales de California a Nueva Jersey se han retrasado al limitar o bloquear a los agentes de ICE para que no realice arrestos en los tribunales. Los activistas por los inmigrantes dicen que detener a personas que se presentan a los procesos judiciales tiene un efecto escalofriante en las víctimas y los testigos.

Los funcionarios federales sostienen que tales restricciones estatales y locales son ilegales y ponen en peligro al público. En una carta de noviembre pasado enviada a los tribunales supremos de Washington y Oregón, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, declaró que los oficiales de inmigración “no están sujetos a las reglas estatales que pretenden restringir (ellos) la realización de arrestos administrativos en propiedades que de otro modo estarían abiertas al público y a otros los agentes del orden.”

Actualizado Marzo 4, 2020

por, Aurora Samperio