En su primer discurso del Estado de la Unión, Donald Trump, se refirió como un problema serio y peligroso la violencia que genera la Mara MS13 en Estados Unidos. 

Evelyn Rodríguez es la madre de Kayla Cuevas, una adolescente de 16 años asesinada en septiembre de 2016 junto a su amiga Nisa Mickens, de 15 años. Esta madre fue invitada a presenciar el primer informe de gobierno del Presidente Trump.

Las jóvenes fueron parte de su ejemplo de la violencia que ha generado este grupo catalogado como uno de los más peligrosos.

De acuerdo a la policía las jovencitas una semana antes de morir, Cuevas y otras amistades tuvieron una pelea con miembros de MS-13 en su escuela, Brentwood High School, Nueva York. Los pandilleros “juraron vengarse” de la adolescente, según la fiscalía del Distrito Este de Nueva York. Su amiga Nisa, que no tenía nada que ver con las peleas, solo estaba en el lugar y en el momento equivocado, según las autoridades.

En marzo del año pasado cuatro presuntos pandilleros de MS-13 fueron arrestados y acusados por los asesinatos de Kayla Cuevas y Nisa Mickens.

La guerra de Trump contra MS-13

La muerte de Nisa y Kayla conmocionó a una zona ya marcada por la violencia de la pandilla, que está detrás de al menos 25 asesinatos en Long Island desde enero de 2016. A raíz de estos crímenes, cuyas víctimas son en su mayoría hispanas, el presidente Donald Trump y el fiscal general Jeff Sessions han prometido erradicar a la pandilla.

La administración Trump sostiene que la violencia es posible gracias a supuestas políticas migratorias permisivas que han permitido la entrada a pandilleros extranjeros al país. En concreto, ha señalado como responsables del recrudecimiento de la violencia a los menores no acompañados que empezaron a llegar desde Centroamérica en la crisis de 2014 (desde entonces, más de 8,000 niños y jóvenes han llegado a los condados de Nassau y Suffolk, donde han tenido lugar estos crímenes).

La estrategia de mano dura de la administración republicana ha sido criticada por las asociaciones que velan por los derechos de los inmigrantes: la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU) ha denunciado que, en su guerra contra las maras, el gobierno está usando “evidencias vagas de presunta pertenencia a una pandilla” para detener a menores y a jóvenes inmigrantes y luego deportarlos.