El gobierno ha entregado 1,820 niños a padres, familiares o allegados, pero mantiene en la incertidumbre a otros cientos de menores separados en la frontera con México cuyo futuro no quedó resuelto en el plazo del 26 de julio dado por un juez.

A través de un documento remitido ayer a una corte federal de San Diego, California, los abogados del Departamento de Justicia informaron que 1,442 menores indocumentados entre 5 y 18 años han sido devueltos con sus padres, los cuales se hallan bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Otros 378 han sido liberados en “circunstancias apropiadas” -según el documento judicial- y entregados a padres que ya no estaban bajo custodia de ICE, o a algún otro familiar.

En el documento, el gobierno cifró en 711 el número de menores que no son elegibles de reunificación, entre los cuales figuran 431 hijos de padres que ya no están en el país y otros 120 menores cuyos progenitores han renunciado a ese beneficio.

“Claramente no se conseguirá una reunificación total, sólo pedimos que sea lo más rápido posible y de forma transparente. Nuestro objetivo es que todos los niños vuelvan con sus familias”, señaló el subdirector y abogado principal en esta materia para ACLU, Lee Gerlent, en una rueda de prensa previa a la entrega del escrito.

La organización insistió que las autoridades federales entreguen el listado de las familias reunificadas para garantizar la asesoría en el proceso migratorio.

“Las familias no han tenido la oportunidad de decidir qué hacer con su futuro, si continúan con el largo proceso de petición de asilo, qué harán con los niños en caso de que no puedan seguir juntos, es algo muy difícil de decidir cuando llevan separados varios meses”, comentó el abogado.

La Asociación Americana de Abogados para la Inmigración (AILA), señaló ayer en un comunicado que han presentado declaraciones juradas a la corte en las que indican que “se obligó a los padres a firmar sus deportaciones o se les hizo creer que se reunirían más rápidamente con sus hijos si aceptaban la expulsión”.